El pasado 28 de octubre el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación realizó una declaración con el fin de referenciar la fecha de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como el "punto máximo de la conquista del derecho a la comunicación como bien social". [30.10.2019]
Comprendido como el acceso y la participación en los medios y las plataformas de todo tipo, en los procesos de producción, edición, apropiación de los contenidos con una finalidad social, y bajo los valores de la diversidad, la igualdad, la libertad de expresión y el fomento de acceso democrático a los bienes culturales.
Exposición:
En agosto de 2004 la Coalición por una Radiodifusión Democrática (CDR) presentó los 21 Puntos de la iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión de la democracia, que fueron el soporte conceptual para la posterior redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por el Congreso Nacional el 10 de octubre de 2009. Cabe recordar que en los años previos a su sanción, y luego también, nuestra Facultad de Comunicación -y otras también-. fueron invitadas al proceso de discusión, elaboración y conocimiento del texto de la LSCA.
Ha sido siempre una necesidad la conquista de una ley que desmontara la concentración y las exclusiones consumadas por el Decreto ley de Radiodifusión impuesto por la dictadura cívico militar en 1980, profundizada en los años 90. Con los 21 puntos, el pluralismo informativo y cultural, el desarrollo de los medios públicos y la concepción de la comunicación como derecho humano comenzaban a ser un hecho.
Hacia 2009, con el apoyo de referentes académicos, sociales, universitarios, sectores políticos y medios comunitarios, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fue sancionado luego de ásperos debates y en el marco de una fuerte confrontación entre el gobierno y el Grupo Clarín. La nueva Ley consagró principios sustantivos con eje en la desmonopolización y la consideración de la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes como una actividad social de interés público, de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población, por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones sin ningún tipo de censura.
La LSCA ratifico la prevalencia del capital argentino (70%) y el establecimiento de cuotas de producción de contenidos, así como porcentajes de producción propia, local e independiente que aseguren puestos de trabajo para artistas, periodistas, locutores, operadores y realizadores culturales en todas las regiones. Fijo además una cuota de pantalla para el cine nacional y las artes audiovisuales. Los límites a la concentración mediática y a las prácticas anticompetitivas se adoptaron mediante topes a las cantidades de licencias (10 a nivel nacional y 3 en lo local) en manos de un mismo propietario, y cuotas máximas de penetración de mercado (35%) en los servicios audiovisuales.
Creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) a los fines de la aplicación de la norma. La sanción de la Ley lejos estuvo de disipar los acalorados debates y la polarización en torno a ella no cesó. Para los sectores que recibieron con beneplácito tal normativa, la actividad del AFSCA -que vino a reemplazar al antiguo COMFER- desarrolló un trabajo de relevamiento y fortalecimiento del sector más perjudicado históricamente en el reparto de licencias y de los medios comunitarios. Hubo políticas tendientes a la normalización de emisoras del sector "sin fines de lucro" con el objetivo de a promover su legalización, así como de fortalecimiento mediante partidas presupuestarias a la producción audiovisual.
Por su parte, los detractores de la Ley -en especial el grupo Clarín, apoyado por La Nación y el Grupo Perfil - interpusieron recursos legales para impedir el pleno funcionamiento y evitar así los planes de adecuación que cada medio había de realizar ante la exigencia de los nuevos artículos que versaban sobre licencias para el sector. Sumado a ello desplegaron intensas campañas de propaganda aludiendo a que la Ley de Medios era un "atentado a la libertad de expresión" y una suerte de "mordaza" para los grupos de medios autodenominados "independientes".
Un recurso ante la Corte Suprema de Justicia en 2013 falló a favor de la Ley, obligando al grupo Clarín a presentar su plan de desinversión. La aplicación de la LSCA siguió su curso hasta que durante la gestión de Mauricio Macri se dictaron Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU 13/2015, 236/2015, 267/2015 y 1340/16) que horadaron la LSCA en centros claves para su sostenibilidad, desplazando artículos y facilitando la constitución de un mercado "competente" de características que retrotraen a los años noventa.