Este lunes firmaron un convenio para la realización de “La Sentencia. Un día de Justicia”. El documental retrata, desde la perspectiva de distintos protagonistas, el día de la lectura de la sentencia de la Megacausa.
El encuentro se realizó en el Archivo Provincial de la Memoria, ex sede del D2, que funcionó como centro clandestino de tortura y exterminio durante la dictadura. Participaron la decana de la Facultad, Mariela Parisi, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Luis Angulo, el juez federal Jaime Diaz Gavier y María Eleonora Cristina, directora del Archivo Provincial de la Memoria.
Mediante este acuerdo, el Ministerio se constituyó en coproductor del largometraje y se comprometió a realizar un aporte de cuarenta y cinco mil pesos. El hilo del trabajo tiene como protagonistas, a una víctima, el juez, un familiar querellante, defensor, fiscal y un periodista, y se sitúa en diferentes locaciones el 25 de agosto pasado.
Tras la firma, Mariela Parisi resaltó la importancia que tiene para la Facultad "poder contribuir a la construcción colectiva de la memoria, la verdad y la justicia a través de este documental”. “Fue una sentencia tan esperada y una fiesta de todos”, remarcó.
Además, dijo sentirse orgullosa por contar con el apoyo del Ministerio de Justicia y de Abuelas de Plaza de Mayo, y agradeció al equipo del Centro de Producción e Innovación de la Facultad que lleva adelante el proyecto.
Luego, el juez federal Jaime Díaz Gavier, que es uno de los protagonistas del documental, destacó el “compromiso ideológico” con el que se realiza esta obra.
“Es de absoluta significación que el gobierno de la Provincia promueva esta actividad, en el marco de una época que pareciera que las actividades artísticas y científicas han entrado en un plano de sombra presupuestaria”, expresó. Y agregó: “Me parece de mucha importancia que a través de una experiencia artística se preserve la memoria, sin la cual no hay manera de determinar la verdad y hacer justicia”.
A su turno, el ministro Angulo dijo que “no es casual que hagamos este acto en este lugar, que fue uno de los centros de exterminios, de miles desaparecidos, 30.000 desaparecidos en Argentina, a quienes les rendimos un homenaje”.
“Estoy mirando caras de compañeros que estuvieron en este lugar que pretendían un lugar más justo y más humano. Para ellos es necesarios ratificar la voluntad de este Gobierno de estar a disposición para que continúen los juicios por delitos de lesa humanidad”, manifestó.
“Consideramos que el Estado social de derechos tiene la obligación de amparar a sectores vulnerables de la sociedad, que son los que más lo necesitan. Pero con respecto a esto, y al documental, es importante que se sepa que el Estado y sus fuerzas de seguridad no pueden hacer lo que se hizo, no solo a partir del 24 de marzo, sino con anterioridad, como se vio en este juicio”, finalizó.
Sobre el documental
Un día de justicia representa un ambicioso proyecto audiovisual del Centro de Producción e Innovación en Comunicación, que involucra un equipo de producción y realización de 25 personas, entre profesionales, docentes, no docentes, graduados y estudiantes de la Facultad de Comunicación y del Departamento de Cine de la Facultad de Artes. Desde el día anterior a la lectura de la sentencia trabajaron en simultáneo en 20 locaciones diferentes.
Emilia D´Ambra (querellante) Liliana Callizo (víctima sobreviviente), Jorge Vasalo (periodista), Facundo Trotta (Fiscal), Natalia Bazán (defensora oficial) y Jaime Díaz Gavier (Presidente del TOF1) son los protagonistas de este largometraje que busca interpelarnos a través de ciertos interrogantes ¿Cómo es el viaje al trabajo del hombre que debe definir, con su veredicto, si otro es culpable o no? ¿Qué carga en su cartera la mujer que sobrevivió a un campo de exterminio y esperó 40 años ese veredicto? La madre que perdió a su hijo, ¿desayuna, como un día cualquiera, el día de la sentencia? ¿En qué credos se sostiene la abogada que defendió al hombre acusado de esos crímenes?.
Un día de justicia ha sido declarado de interés por el Tribunal Oral Federal Nº 1, que tiene a su cargo el juicio, y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, recibe el apoyo de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba, de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba y de la ADIUC.