El periodista Sebastián Lacunza, autor de Pensar el Periodismo y director del Buenos Aires Herald, participará de la Primera Bienal de Periodismo y Comunicación. Antes de su visita a Córdoba, dialogamos con él sobre la situación actual del periodismo en la región y en nuestro país.
¿Cómo se explica que en México maten a un periodista cada 26 días? Recientemente nos enteramos del caso de Javier Valdez.
En México se registra una violencia endémica, con alto índice de homicidios, por lo que sería impensable que el periodismo estuviera ajeno a esa realidad. Se da una combinación de factores que han transformado a México en el país más peligroso para ejercer la profesión en América Latina. Hace como mínimo una década que hay amplias zonas del país en las que los periodistas corren riesgo de vida, porque las sociedades se encuentran bajo el dominio de coaliciones entre política, fuerzas de seguridad y narcotráfico. Tiene lugar el imperio de una ley delictiva, pobreza estructural, tránsito de personas hacia y desde Estados Unidos y, además, organizaciones periodísticas locales débiles, en contraste con niveles extraordinarios de concentración en el mercado de la comunicación. En la periferia de México, como en todas las periferias de América Latina, las elites locales tienen un brazo en el mercado de medios, y esta realidad deja a los periodistas en condiciones muy vulnerables.
¿Crees que en Argentina los periodistas gozan de ciertas garantías para publicar con libertad?
A lo largo de tres décadas y media de democracia, Argentina ha construido una legislación que garantiza derechos a la libertad de expresión. No es imaginable que un periodista vaya preso por sus opiniones e informaciones. Sí hay instancias de compensación civil, económica, algunas peligrosas cuando son ejecutadas por estamentos conservadores de la Justicia que además demuestran una profunda ignorancia del derecho a la información, como ocurrió recientemente con el fallo en dos instancias contra la revista Barcelona por una satirización sobre la nostálgica del terrorismo de Estado Cecilia Pando. Las mayores amenazas a la libertad de expresión vienen por el lado de poderes provinciales; es decir, conjunciones entre política, Justicia, medios y dueños de explotaciones locales. Esas elites sí pueden ejercer una presión asfixiante sobre el trabajo periodístico. En el nivel nacional, creo que las amenazas son dos. Un nivel de concentración extraordinario, con el Grupo Clarín como actor estelar, que obviamente condiciona la libre circulación de ideas e informaciones, y gobiernos como el de Cristina Kirchner y Mauricio Macri que utilizan vías indirectas para generar premios y castigos a través de la pubilicidad oficial o el uso partidista de medios estatales. Y desde ya, grandes corporaciones, anunciantes, contratistas del Estado juegan un papel importante en el control de contenidos.
Si hablamos de censura, ¿a quién hay que temerle más: a las corporaciones o al Estado?
Depende las circunstancias, pero en líneas generales, diría que el peor escenario es cuando las corporaciones coinciden en sus intereses con quien gobierna el Estado, o éste se deja tomar como rehén, sin resistencia, y lejos de regular, potencia la concentración mediante resoluciones administrativas o legislaciones ad hoc. Esa combinación en un contexto económico recesivo y de desafío tecnológico, cuando muchas voces encuentran más dificultades para sobrevivir, representa severos riesgos. Algo de eso estamos viviendo en la Argentina.